Ciudad de México • La Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció haber sido obstaculizada en la investigación del caso de una interna del Centro de Readaptación Social en Huatabampo, Sonora, que supuestamente ha sido incomunicada y torturada.
Señaló que autoridades de ese Cereso “interfirieron” el desarrollo de la diligencia que realizaban visitadores adjuntos de la CNDH, respecto a la queja presentada por la interna que está en ese lugar por el delito de robo en la Casa de Gobierno de Sonora, ocurrido en marzo pasado.
Esa comisión precisó que en principio se permitió el acceso de su personal a ese centro, se contó con la colaboración que la ley ordena; sin embargo, luego un custodio impidió el desarrollo de su actividad con el argumento de que obedecía instrucciones de su jefe.
Después, señaló la CNDH, la propia titular del penal, acompañada de cuatro custodios, “ordenó que les quitaran la cámara de video a los visitadores adjuntos”.
Por tal motivo, esa comisión solicitó medidas cautelares al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, a fin de que se proteja la vida y la integridad de la interna que participaba en la diligencia.
Esto también tiene el propósito de que se abstengan de cualquier forma de incomunicación y se le garanticen sus derechos.
La CNDH además pidió al mandatario estatal gire instrucciones para que se permita la actuación que, en apego a la norma, debe realizar el personal de ese organismo nacional y se garantice la confidencialidad como exigen los estándares internacionales.
Pidió se tomen medidas en relación con los servidores públicos que impidieron a los visitadores cumplir con su deber.
La CNDH estableció que reprueba este tipo de actos que obstaculizan las investigaciones y “evidencian una falta de colaboración y compromiso con la cultura de la legalidad, e incumplen con la obligación que tienen todos los servidores públicos del país, de cualquier nivel de gobierno, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.
Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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